La Alcaldía de Bucaramanga implementará la Política Pública de Transparencia que será la tercera del país después de Nariño y Bogotá. Esta se convierte en la carta de navegación para los futuros alcaldes.

PAE Bucaramanga
Fotografía: archivo/prensa Alcaldía de Bucaramanga
María Juliana Acebedo, asesora contratación

«Estamos invirtiendo con honestidad y transparencia la plata de los bumangueses, haciéndole rendir e impidiendo que los corruptos se queden con ella», indicó Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de la capital santandereana.

Aunque en la Administración Municipal se llevan a cabo distintos procesos de contratación, el PAE particularmente ha sido de gran acogida y participación.

“Muy especialmente lo vivido en el PAE, históricamente nunca habíamos tenido una participación tan alta, en el 2021 tuvimos 13 proponentes y en el 2022 seis. Esto es histórico, porque estamos promoviendo la sana competencia de proveedores.”, señaló Juliana Acebedo, asesora de contratación del Municipio

Lo anterior implica que el Municipio tiene la oportunidad de escoger en una amplia gama a los mejores. “En bolsa Mercantil es la  primera ciudad y el primer proceso que logró romper todos los récord existentes en la historia de la bolsa”, destacó Juliana Acebedo.

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Según la asesora, el Municipio se ofreció garantías a todos los participantes, que ya creen en el proceso de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga. Como validadores de esta información se encuentra  la Open Contracting Partnership, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Fundación Corona.

Estas organizaciones avalan a Bucaramanga como una de las ciudades de Colombia con mayor cantidad de participantes en contratación. Para el Gobierno alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, implementar  la Política Pública de Transparencia, es una prioridad.

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Para apoyar dicha iniciativa, la Alcaldía de Bucaramanga creará la Comisión Municipal Ciudadana de Transparencia, un espacio de diálogo continuo con el ciudadano. Asimismo creará, la Escuela de Innovación Pública, que busca dejar capacidad instalada en los funcionarios y servidores para que perdure un sano modelo de contratación.

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